Dividir no es bueno

Enviado por CGT MAR

Lejos están los tiempos en los que era habitual escuchar aquella frase tantas veces justificada: "Si me ocurre algo en la mar, sólo pido que no sea en aguas españolas o de responsabilidad española".

Antón Luaces. Creada en 1992 por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), actualmente Salvamento Marítimo, entró en funcionamiento en 1993. Se trata de una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante cuyo director, Felipe Martínez, preside la sociedad que, en la actualidad, dirige Pilar Tejo. De hacerse valer la pretensión de Galicia, Cataluña y Canarias de que les sea transferido este servicio, Felipe Martínez y Pilar Tejo, con la ministra de Fomento Magdalena Álvarez, serán los encargados de liquidar un servicio necesario en su estructura estatal y que, de ser asumido por las comunidades autónomas, perderá la esencia misma de cuanto, desde hace muchos años, vienen reclamando los marinos y marineros españoles de cualquier autonomía.

Lejos están los tiempos en los que era habitual escuchar aquella frase tantas veces justificada: "Si me ocurre algo en la mar, sólo pido que no sea en aguas españolas o de responsabilidad española". Y es que, hasta la entrada en servicio de aquellos viejos remolcadores y los helicópteros alquilados a Helicsa, en 1992, el salvamento marítimo español sólo era prestado por los aviones del SAR y los buques de la Armada, además de por algunas embarcaciones de la Cruz Roja, entre éstas la entrañable Blanca Quiroga, que tanto ha hecho por los profesionales de la mar y los marinos deportivos en el área de A Coruña.

Ahora no hay nadie que, oficialmente, defienda la permanencia de ese servicio estatal, coordinado por un único responsable que, unas veces para bien y otras para no tan bien, ha venido prestando una indudable ayuda a cuantos navegan por aguas de la ZEE española o en aguas de responsabilidad SAR de España.

Se dice que la transferencia a las comunidades autónomas hará más efectivo ese servicio; pero esto no lo puede garantizar ni el más conspicuo defensor de tal planteamiento. Menos, todavía, si se tiene en cuenta su dependencia directa de los acuerdos que se adoptan en la Organización Marítima Internacional (OMI), las normas emanadas del Ministerio de Fomento, la cumplimentación de los acuerdos SAR -que implican actuaciones fuera de las aguas interiores competencia de las comunidades autónomas- o, entre otras cuestiones, el establecimiento de acciones conjuntas con otras autonomías y países de la UE a efectos de salvamento y lucha contra la contaminación.

Reclamar competencias en este sentido no encaja con las necesidades reales de quienes navegan o trabajan en la mar. Es fácil presentar propuestas en los respectivos parlamentos autonómicos, pero sí es verdad que éstos son la representación del pueblo soberano, antes debieran ser consultados los afectados. Dudo mucho de que exista una mayoría de profesionales que apoyen la reivindicación.

Competencias, además, para que, como ha ocurrido no hace mucho en una comunidad -que, por cierto, no es la gallega- se hubiera requerido la intervención de un helicóptero con el objetivo de... remolcar un yate en peligro.