La inspección visual directa del pecio del «Prestige» se hará en verano y costará 3 millones de euros


Domingo 25 de marzo de 2007

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La inspección del pecio del petrolero Prestige para comprobar su estado actual y analizar el volumen de fugas de fuel se llevará a cabo entre los próximos meses de junio y septiembre y tendrá un coste previsto de tres millones de euros. La ministra de Educación y Ciencia presentó ayer en el Consejo de Ministros el informe sobre el encargo a la empresa Repsol para bajar a los pecios del buque con el objeto de realizar una inspección visual directa de su situación. Los objetivos de la misión son comprobar in situ el volumen de las fugas de fuel, estudiar el estado actual del casco y valorar acciones preventivas adicionales que pudiera ser necesario acometer sobre los restos del buque.

Para aprovechar la mayor probabilidad de días con buen tiempo, la inspección se llevará a cabo entre junio y septiembre. El coste estimado de tres millones de euros incluye posibles imprevistos derivados de temporales y otras circunstancias.

Además de esta actuación, un equipo científico-técnico elaborará un plan de I+D a medio y largo plazo. Este plan, según el Gobierno central, «persigue trasladar a la sociedad las máximas garantías sobre la evolución futura de las fugas actuales y mejorar las tecnologías de prevención y seguimiento para poder aplicarlas a cualquier otro vertido que pudiera darse en el futuro».

Más de 1.500 toneladas

El 27 de octubre del 2004 la empresa Repsol concluyó los trabajos de extracción de los restos de fuel que permanecían en el Prestige, que, tras su hundimiento, se había partido en dos pecios, situados en el lecho marino a entre 3.500 y 3.800 metros de profundidad. La compañía realizó estimaciones que cifraban en unas 1.500 toneladas métricas la cantidad de fuel remanente en los pecios del Prestige y en unos veinte litros por día la fuga de fuel, que en su día fue imposible sellar.

En noviembre del 2006 el Ministerio de Educación y Ciencia informó, a través de una nota de prensa en la que se recogen los trabajos realizados por el Instituto Español de Oceanografía, de la existencia de manchas de fuel en la superficie cercana al hundimiento del barco. Gracias a estos trabajos, y a las opiniones recabadas en otros centros de investigación especializados, se concluyó que «con los medios actuales no es posible determinar en superficie el volumen de estas fugas y su posible evolución». Debido a ello el Gobierno central aprobó la inspección del pecio utilizando un dispositivo no tripulado.

El Consejo de Ministros aprobó también ayer un real decreto que refuerza el marco sancionador en materia de contaminación procedente de buques. El real decreto prevé la posibilidad de que la Administración española pueda detener un barco en tránsito si existen pruebas concluyentes de que ha efectuado una descarga contaminante que suponga o pueda suponer un perjuicio considerable para los recursos naturales de las aguas estatales, para la costa o los bienes a ella vinculados.

«Se podrá sancionar cualquier derrame de cualquier barco, siempre que se halle en tránsito, es decir, no tenga como destino final un puerto español», aclaró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.