Más de 115 trabajadores de la Oficina de la Vivienda de la Comunidad de Madrid despedidos el 1 de Enero


Martes 13 de diciembre de 2011

Enviado por FETYC CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que el próximo 31 de diciembre más de 115 trabajadores pueden ser despedidos como consecuencia del vencimiento contractual de los servicios que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tiene subcontratados con la empresa GSS Venture S.L. (empresa que esta participada por el Canal de Isabel ll y que tiene adjudicados todos sus servicios de Atención al Cliente).

CGT expresa su indignación por estos hechos, dado que un servicio como es el de la Oficina de la Vivienda, que se realiza mediante diferentes canales como la atención presencial, web y telefónica, es esencial en la coyuntura económica por la que atraviesa la Comunidad, donde es cada vez más difícil encontrar por parte de un ciudadano y su familia un piso para vivir y en la que los desahucios continúan produciéndose a diario.

La subcontrata GSS Venture S.L. entregó el Lunes 5 de diciembre una carta a todos sus empleados indicándoles que si la Comunidad de Madrid no publica la licitación del concurso público antes de este jueves 15 de diciembre se verá obligada a dejar en la calle a todo el servicio.

A partir del 1 de Enero, si esto se cumple, esta autonomía dejará de prestar el servicio de atención telefónica de la Oficina de la Vivienda y abandonará la prestación que realizaba en la sede del mismo organismo público, en la Avenida de Asturias de Madrid.

Desde CGT expresamos nuestro rechazo absoluto al deterioro de este servicio público, cuyas consecuencias la pagarán tanto los ciudadanos como los trabajadores que, con su profesionalidad, lo hacían posible y que, desde luego, no son responsables de la situación económica por la que atravesamos.

Por todo lo indicado, exigimos a la Comunidad de Madrid que se pronuncie sobre este asunto y que comunique inmediatamente si estos servicios se sitúan en la línea de recortes que quiere imponer el Partido Popular o, si en su defecto, esto se debe a la lentitud de la gestión de la licitación de estos servicios públicos.

No se puede jugar con la vida de las familias. Más de 115 trabajadores dependen de estos contratos y a día de hoy no todavía no saben si podrán continuar desempeñando sus funciones el 1 de Enero. El pronunciamiento de la Comunidad que dirige Esperanza Aguirre debe ser inmediato.