Un salvamento "ilegal"


Domingo 19 de agosto de 2007

Enviado por by-mos

AL GOBIERNO DE CANARIAS, que es al que le toca el supuesto delito de cerca, si la acción se considera así por la Justicia, es igualmente al que corresponde hacer un convenio con las Universidades de Las Palmas y de La Laguna para que organicen cursillos en las respectivas Facultades de Derecho, a fin de que los ciudadanos y ciudadanas de estas islas y, en particular los elementos de la Cruz Roja y de la ONG que intervienen en el salvamente de los inmigrantes ilegales que llegan a las Islas en pateras o cayucos, sepan por qué se les va a juzgar cuando son denunciados según los informes que alguien realiza de las operaciones de salvamento que se llevan a cabo. Ahora resulta que un "informe extraoficial" procedente de Salvamento Marítimo, según se comunica a la Prensa y reproduce este periódico, es la base de una denuncia formulada por un grupo de inmigrantes supervivientes, en el caso del cayuco que naufragó cuando lo iban a auxiliar unidades de Salvamento y no pudieron lograr su objetivo, falleciendo 88 personas y salvándose 48 de los ocupantes de la pequeña embarcación. Hace constar tal informe que "no parece que se hayan seguido los procedimientos establecidos para el rescate del cayuco en el que murieron 88 personas al zozobrar la embarcación, cuando intentaba el remolcador "Conde de Gondomar" abarloarse a la barca. Ocurrió el 19 de julio último a 90 millas del Sur de la isla de Tenerife. Según el informe, el remolcador citado, con 30 años de vida, no dispone de "posicionamiento dinámico" y carece de disposición para efectuar la maniobra. Otro barco de Salvamento, el "Luz del Mar" se mantuvo seis horas al lado del cayuco afectado, por si podía ayudar a los náufragos. El primer remolcador provoca oleada con sus hélices y, al chocar, partió y volcó el cayuco. Las condiciones meteorológicas eran muy malas condiciones y dice que las olas llegaban a cuatro metros y se citan opciones que no se aplicaron. Fueron quince emigrantes los que presentaron una querella con un abogado, pero aunque el Juzgado inició actuaciones, uno entiende que si fue el remolcador el que causó el percance, el accidente fue fortuito y no puede trabajarse con material inapropiado. Y si, encima de los sacrificios, la Justicia culpa de lo ocurrido a los miembros responsables de Salvamento Marítimo, quienes arriesgan su vida en cada caso de esta clase, sería una injusticia incomprensible, porque no tiene la culpa, insisto, quien maneja un material inadecuado; la culpa es de quienes no tienen estos medios en condiciones. Pero parece que está de moda judicializar no sólo a la política, sino a los accidentes, cuando, en cierto modo, puede implicarse a los políticos que tienen, aunque no directamente, esa responsabilidad, que este parece ser el caso que estoy comentando.